Estados Unidos volvió a apretar el cerco económico sobre el régimen cubano, y esta vez apuntó directo a su billetera. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) anunció este martes nuevas sanciones contra cinco entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA (el verdadero corazón financiero del castrismo) y, en un golpe simbólico, contra una persona del entorno más cercano a la familia Castro. La respuesta de La Habana no se hizo esperar: el canciller Bruno Rodríguez calificó las medidas, sin más, de "crimen".
Las cinco entidades sancionadas: banca, minería y acero
Las sanciones, dictadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, incorporan a la temida Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a cinco empresas estatales que funcionan como pilares del entramado económico militar. Dos de ellas son financieras:
"El Banco Financiero Internacional (BFI), clave para los inversores extranjeros, y Rafin S.A., una opaca compañía con sede en La Habana Vieja que opera como brazo financiero de GAESA desde 1997."
Según el Departamento de Estado, ambas se dedican a "mover dinero en nombre del régimen".
A ellas se suman Almacenes Universales S.A., la empresa de logística y operaciones portuarias del conglomerado; Geominera S.A., dedicada a la explotación de recursos minerales; y la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, la mayor productora de acero del país, ubicada en El Cotorro, La Habana, y modernizada recientemente con fondos rusos. Un dato revela hasta dónde llegan los tentáculos de estas empresas: Rafin posee participación en ETECSA, la principal compañía de telecomunicaciones de la Isla.
La sanción que llega hasta la familia Castro
Pero la medida más simbólica no recayó sobre una empresa, sino sobre una persona. Washington sancionó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada por la OFAC como esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos y durante años figura clave del aparato de seguridad del régimen.
Claves del caso
El gesto no es casual. Alejandro Castro Espín ya había sido sancionado previamente e incluso imputado por un tribunal estadounidense, y ahora la presión se extiende a su entorno familiar directo. Con ello, Estados Unidos manda un mensaje inequívoco:
"el cerco ya no apunta solo a las instituciones del régimen, sino al núcleo íntimo del poder, a la propia dinastía que ha gobernado Cuba durante más de seis décadas."
Rubio aprieta el cerco: la amenaza de las sanciones secundarias
El arquitecto de esta estrategia fue el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, que acompañó las sanciones con un comunicado durísimo. Aseguró que:
"GAESA sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo del régimen."
También acusó a las élites de usar el conglomerado para robar los escasos recursos de la Isla, desviándolos hacia la represión y el espionaje en lugar de destinarlos a las necesidades del pueblo.
La advertencia más relevante, sin embargo, mira hacia afuera. Rubio dejó claro que cualquiera que preste servicios a estas entidades se expone a ser sancionado también:
"los bancos extranjeros y otras empresas que les presten servicios deben suspender de inmediato dichas actividades."
Es la amenaza de las temidas sanciones secundarias, diseñadas para aislar por completo a las empresas cubanas del sistema financiero internacional y disuadir a cualquier socio extranjero.
La respuesta del régimen: Bruno Rodríguez habla de "un crimen"
La reacción de La Habana fue inmediata y furiosa. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó las sanciones a través de redes sociales y cargó con dureza contra el secretario de Estado estadounidense, al que calificó de "deshonesto y mendaz".
Sostuvo que Washington sigue apretando el cerco económico sobre la Isla, que, según dijo, se ha demostrado "más fuerte, capaz y eficaz" de lo que esperaba el Gobierno estadounidense. Y remató con la palabra que tituló la respuesta oficial: lo que impulsa Rubio, afirmó, "es un crimen". El discurso del régimen, como es habitual, enmarca las sanciones como un "castigo colectivo" contra el pueblo y les atribuye buena parte de la crisis, mientras Washington insiste en que el responsable del deterioro es el propio modelo cubano.
Qué significa para una economía al límite
El impacto potencial de estas sanciones es enorme, porque tocan el núcleo de la economía cubana. GAESA controla cerca del 40% del producto interno bruto del país y, a inicios de 2024, acumulaba reservas líquidas estimadas en 14.500 millones de dólares, mientras el resto de la Isla se hundía en la escasez. Golpear su banca, su logística y sus finanzas es apuntar a la columna vertebral del poder económico militar.
A corto plazo, los analistas advierten que las medidas pueden ahuyentar todavía más la inversión extranjera, especialmente al sancionar al BFI, una pieza clave para quienes hacen negocios en Cuba, y profundizar una crisis ya histórica, con una economía que, según la CEPAL, podría contraerse al menos un 6,5% este año. La gran incógnita es hacia dónde conduce todo esto: si la presión busca forzar una negociación, asfixiar al régimen hasta su límite o, como sugieren algunos expertos, preparar el terreno para una eventual reconfiguración del entramado empresarial de la Isla. Por ahora, lo único seguro es que el cerco se aprieta, y que el pulso entre Washington y La Habana está lejos de terminar.
