¿Cómo piensa Estados Unidos llevar a Raúl Castro ante la justicia por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate? La pregunta se la hicieron al secretario de Estado Marco Rubio, y su respuesta fue tan elocuente por lo que dijo como por lo que calló. El jefe de la diplomacia estadounidense se negó a revelar plan alguno, calificó al expresidente cubano de "fugitivo" de la justicia estadounidense y subrayó que el propio Castro "presume" de haber ordenado el ataque. El caso, que llega tres décadas después del crimen, reaviva un fantasma incómodo: el del operativo con el que Washington capturó a Nicolás Maduro en Venezuela.
"No voy a decir cómo lo traeríamos": la respuesta de Rubio
Las declaraciones se produjeron ante la prensa en Miami, un día después de que el Departamento de Justicia presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro. Cuando se le preguntó cómo planeaba Washington llevarlo ante un tribunal estadounidense, Rubio fue tajante:
"no pienso adelantar nada. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son sus planes? Si hay algún anuncio al respecto, se conocerá después y no antes."
Claves del caso
La frase deja una puerta deliberadamente entreabierta. Al negarse a descartar opciones y, al mismo tiempo, calificar a Castro de fugitivo, Rubio alimentó las especulaciones sobre si la administración Trump prepara algún tipo de acción para capturarlo, en la línea de lo que hizo en enero pasado con el entonces presidente venezolano.
Raúl Castro, "un fugitivo" que "presume" del derribo
El secretario de Estado fue mucho más explícito al hablar de las pruebas. Según Rubio, el caso contra Castro es sólido porque el propio exmandatario admite abiertamente y presume de que derribó a civiles y de que dio la orden de hacerlo. No se trata, en su lectura, de una acusación basada en indicios, sino en la jactancia del propio responsable.
El argumento se apoya en una pieza clave: una grabación de junio de 1996, de poco más de once minutos, registrada en una sede provincial del Partido Comunista en Holguín. En esa cinta, Raúl Castro (entonces ministro de las Fuerzas Armadas) habría confesado que planificó y ordenó el derribo, e incluso que dispuso "descentralizar" la facultad de disparar entre varios generales para evitar consultas previas. Esa confesión, según Washington, convierte el caso en algo poco común: un crimen reconocido por su propio autor.
Qué pasó el 24 de febrero de 1996
Para entender la carga emocional del caso hay que volver a aquel día. El 24 de febrero de 1996, cazas de las Fuerzas Armadas cubanas derribaron dos de las tres avionetas de Hermanos al Rescate, una organización del exilio que durante años sobrevoló el estrecho de Florida para localizar y socorrer a los balseros que huían de la isla, lanzándoles agua, comida y avisando a los guardacostas.
En el ataque murieron cuatro tripulantes: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. La tercera avioneta logró escapar; a bordo iba, entre otros, el líder del grupo, José Basulto. Treinta años después, el episodio sigue siendo uno de los más dolorosos para el exilio cubano y uno de los de mayor carga política en la historia reciente entre Washington y La Habana.
La acusación: cargos de asesinato tres décadas después
El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Raúl Castro, de 94 años, y varios pilotos cubanos por la muerte de los cuatro aviadores. El anuncio se hizo en un acto cargado de simbolismo en la Torre de la Libertad, en el corazón de Miami, con la presencia de familiares de las víctimas, que durante décadas reclamaron justicia.
Para los legisladores cubanoestadounidenses, los activistas del exilio y esas familias, la imputación fue una reivindicación largamente esperada. Pero también abrió de inmediato un interrogante práctico: ¿qué utilidad tiene acusar a un hombre de 94 años que vive en Cuba, un país sin tratado de extradición con Estados Unidos?
¿Otro caso Maduro? Las consideraciones sobre un arresto improbable
Aquí entran las consideraciones de fondo. En lo estrictamente legal, llevar a Raúl Castro ante un tribunal estadounidense parece casi imposible: no hay extradición, Castro es un exjefe de Estado y de Gobierno (lo que abre debates sobre inmunidad) y su edad y su residencia en la isla hacen inviable un arresto convencional. De ahí que muchos analistas vean la acusación como un gesto sobre todo simbólico.
Otros la leen como una jugada de doble filo. Por un lado, podría ser una herramienta de presión para forzar a los sectores más pragmáticos del régimen a negociar. Por otro lado, hay quienes advierten que el nuevo frente legal podría servir de pretexto para una eventual acción militar o una incursión de fuerzas especiales, como la que derrocó a Maduro. El propio silencio de Rubio sobre los planes alimenta esa lectura. A todo ello se suma el cálculo político interno: el caso es enormemente popular entre el exilio anticomunista de Florida, una fuerza electoral de peso de cara a las elecciones de medio término.
La reacción de La Habana
Cuba respondió con dureza. El Gobierno de la isla acusó a Rubio de mentir para instigar una agresión militar estadounidense, y el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó la imputación por considerarla sin sustento jurídico. Para La Habana, el caso forma parte de la campaña de máxima presión de Washington, que ya incluye sanciones, un bloqueo petrolero y la permanencia de la isla en la lista de patrocinadores del terrorismo.
El régimen, además, sostiene su versión histórica del derribo: que las avionetas fueron abatidas en espacio aéreo cubano y no en aguas internacionales, una disputa que se mantiene tres décadas después y que vuelve al centro de la escena con la acusación.
Qué está en juego
Más allá de las posibilidades reales de un arresto, la acusación contra Raúl Castro y las palabras de Rubio confirman que el caso Hermanos al Rescate volvió a ser un instrumento político de primer orden. Para Washington, mantiene viva la presión moral y judicial sobre la cúpula cubana; para el exilio, salda una deuda histórica; y para el régimen, es una amenaza que utiliza para reforzar su discurso de país asediado.
La lectura sobre Respuesta de Marco Rubio
La gran incógnita es qué hará Estados Unidos con esa carta. El silencio calculado de Rubio (que ni confirma ni descarta) mantiene la tensión en su punto más alto y deja la sensación de que, en el expediente cubano, el siguiente capítulo podría escribirse en cualquier momento.
