Durante décadas se habló de ello en voz baja, entre expedientes judiciales y sospechas. Ahora Washington lo ha puesto por escrito. El Departamento de Estado publicó un extenso informe que expone cómo el régimen cubano infiltró universidades de élite estadounidenses para reclutar espías que, con los años, llegaron a ocupar puestos de poder dentro del propio Gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo presentó con una acusación demoledora: La Habana sostiene desde hace casi siete décadas una red de inteligencia e ideología que ayudó a construir la extrema izquierda estadounidense.
Un informe de 100 páginas: "la capital del comunismo del siglo XXI"
El documento, titulado "Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI", fue divulgado el lunes 20 de julio y ocupó los titulares los días siguientes. En sus casi cien páginas, el Departamento de Estado describe una estrategia de infiltración de largo plazo de la Dirección de Inteligencia cubana (DI), que habría usado las misiones diplomáticas de la Isla como centros de operaciones encubiertas.
Al presentarlo en sus redes, Rubio fue rotundo:
"durante más de seis décadas, el régimen cubano ha sido "el principal patrocinador del izquierdismo radical y el tercermundismo en Estados Unidos"."
Washington, dijo:
"busca sacar a la luz la historia completa de ese espionaje porque el pueblo estadounidense merece conocerla."
Las universidades de élite, el terreno de caza
El capítulo más llamativo del informe es el dedicado al reclutamiento universitario. Según el documento, las casas de altos estudios figuran entre los principales objetivos de las actividades subversivas cubanas, al constituir un "terreno fértil para reclutar a jóvenes con afinidad ideológica" que, con el tiempo, ascenderían a puestos de influencia, poder y acceso privilegiado a información clasificada.
Claves del caso
El perfil buscado, según el texto, era el de estudiantes de izquierda en universidades de prestigio. El informe señala además que instituciones cubanas mantenían acuerdos de intercambio con cerca de ochenta universidades estadounidenses, vínculos que, sostiene, podían aprovecharse para la captación. El proceso no era rápido:
"podía extenderse durante años, hasta que el candidato alcanzara un cargo sensible."
Y aquí aparece el rasgo que, según Washington, distingue al modelo cubano: no se basa en grandes pagos, sino en la convicción política. La mayoría de los reclutados, indica el informe, nunca recibió sumas significativas más allá de reembolsos por gastos operativos. El documento lo atribuye a las limitaciones de una economía pequeña y sometida a un embargo. Dicho de otro modo: no compraban espías, los convencían.
Rocha, Montes y los espías que llegaron al poder
El informe no se queda en la teoría: expone casos con nombre y apellido, todos con condenas o procesos judiciales a sus espaldas. El más notorio es el de Víctor Manuel Rocha, exembajador estadounidense, a quien el documento sitúa como reclutado en 1973 y que construyó deliberadamente una imagen pública de hombre conservador para ocultar su lealtad a La Habana. Esa máscara le permitió moverse durante décadas por los salones del poder. En 2026, el Departamento de Justicia presentó además una demanda para revocarle la ciudadanía.
El otro gran expediente es el de Ana Belén Montes, la analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) conocida como la "Reina de Cuba", reclutada en 1984. Desde su puesto asesoró a mandos militares y a funcionarios encargados de evaluar las capacidades cubanas, y admitió haber revelado identidades de agentes encubiertos y entregado información clasificada. Esa filtración se vinculó a la muerte de un oficial de las Fuerzas Especiales estadounidenses en El Salvador. A ellos se suman el matrimonio Myers y la Red Avispa. El daño, concluye el informe, fue "incalculable".
Del ICAP a la deportación: el caso Lloga
La ofensiva no se ha quedado en el papel. El 1 de julio, Rubio anunció que había revocado el estatus legal de Carlos Antonio Lloga Domínguez, exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), quien, junto a su esposa y su hijo, quedó bajo custodia federal a la espera de ser expulsado del país. Según el Departamento de Estado, Lloga trabajó más de una década para esa organización y mantuvo vínculos con lo que Washington llama la red transnacional de subversión comunista.
Rubio describió al ICAP como el principal grupo de fachada de influencia e inteligencia del régimen, acusándolo de espiar a estadounidenses y difundir propaganda antioccidental, y advirtió que quien haga negocios con esa organización "será sancionado, procesado o deportado". Conviene precisar, no obstante, que el comunicado no detalló qué actividades concretas habría desarrollado Lloga ni se presentaron cargos penales: hasta ahora es un procedimiento migratorio, no una acusación judicial por espionaje.
Sanciones, terrorismo y una cifra en discusión
El caso Lloga llegó semanas después de que Washington designara, a comienzos de junio, al propio ICAP y a otras entidades del régimen bajo las autoridades de sanciones creadas por una orden ejecutiva sobre Cuba. Desde enero de 2026, la administración Trump acumula más de 240 medidas contra funcionarios, empresas y organismos vinculados al poder en la Isla.
En esa línea, Rubio encabezó una cumbre ministerial con unos setenta países para coordinar la respuesta a lo que califica como terrorismo de extrema izquierda. Allí recordó los secuestros y atentados de Montoneros, Tupamaros, las FARC, el ELN y Sendero Luminoso, y afirmó que entre 1970 y 1980 el 93% de los ataques terroristas en Occidente fueron cometidos por la extrema izquierda. Es un dato de fuerte impacto, aunque conviene manejarlo con cautela: varios analistas lo han cuestionado por no venir acompañado de una metodología verificable.
Lo que dice Washington y lo que responden los críticos
Del otro lado, el informe ha desatado polémica. Voces críticas, entre ellas medios de izquierda y un exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Interna del primer mandato de Trump, sostienen que el documento podría servir de antesala para señalar como extremistas a opositores políticos internos. Denuncian, en suma, un uso político del expediente cubano.
La lectura sobre EE UU
Washington replica que no se trata de perseguir ideas, sino de exponer hechos. Y esa es la conclusión más incómoda del informe:
"más allá del debate sobre sus intenciones, los casos de Montes, Rocha, los Myers y la Red Avispa no son sospechas, sino condenas firmes."
La discusión sobre el presente sigue abierta; la del pasado ya la resolvieron los tribunales.
