Lo que dijo Carlos Fernández de Cossío
El domingo 30 de agosto, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío —uno de los principales funcionarios cubanos encargados de la relación con Washington— publicó en sus redes una advertencia que ha recorrido los medios oficiales de la isla.
Su punto de partida fue directo: "La noticia de moda son los movimientos y manejos militares en Puerto Rico."
Y su conclusión, aún más: sostiene que la campaña mediática estadounidense busca "convencer al público de la inevitabilidad, natural materialización y eventual ejecución de una agresión militar contra Cuba".
Sus frases textuales
El planteamiento del vicecanciller se articula en varios reproches concretos.
Sobre el silencio jurídico de la cobertura:
"en ninguno de esos artículos aparece "reflexión alguna sobre la legalidad de un acto criminal como el que se promueve"."
Sobre lo que se omite: critica que no se mencione la posible excusa para justificar la agresión, el daño en vidas y destrucción, el escenario de inestabilidad regional que generaría, y "mucho menos, la naturaleza profundamente inmoral de la intención".
Sobre el origen de esos textos: acusa a Estados Unidos de financiar artículos de prensa y de complementar la campaña con "artículos de opinión a cargo de mentirosos por contrato".
El argumento de la asimetría
Fernández de Cossío dedicó una parte de su mensaje a rebatir la idea de que Cuba constituya una amenaza para la seguridad estadounidense.
Su comparación de fuerzas es la siguiente: Estados Unidos es la mayor potencia nuclear del planeta, con 5.200 ojivas nucleares, 11 portaviones, bases o presencia militar por todo el hemisferio y poderosas agencias de espionaje.
Añadió que Washington posee "la capacidad de intimidar económica y comercialmente casi a cualquier país", lo que a su juicio vuelve "ridícula" la pretensión de presentar a Cuba como un peligro.
Los datos son correctos. La asimetría es real y nadie la discute.
Lo que sí es verificable: el despliegue existe
Conviene decirlo con claridad, porque en esto el vicecanciller no está inventando nada.
Los movimientos militares estadounidenses en Puerto Rico están documentados y son públicos:
La antigua Base Naval Roosevelt Roads, en Ceiba, cerrada desde 2004, fue reactivada en noviembre de 2025 con una inversión proyectada de 79 millones de dólares.
Más de 1.300 infantes de Marina de la Fuerza de Combate Litoral-24 operan en el Caribe bajo la Operación Lanza del Sur.
La propia gobernadora Jenniffer González Colón confirmó que más de 8.100 militares participan en ejercicios entre mayo y agosto de 2026.
Un análisis de la Universidad de Navarra documentó el uso de aeronaves F-35, P-8 Poseidon y C-17 Globemaster.
Y hay tres movimientos que apuntan específicamente hacia Cuba: en mayo, Fort Buchanan movilizó cientos de militares a una "misión no identificada" horas después de que Washington imputara a Raúl Castro; en junio, la Litoral-24 entrenó desde el buque anfibio USS Fort Lauderdale hacia aguas cercanas a la costa cubana; y el 17 de junio hubo prácticas nocturnas de respuesta rápida en Roosevelt Roads.
A eso se suman las declaraciones del secretario de Guerra Pete Hegseth, que el 13 de agosto afirmó desde Panamá que "todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares" y que Cuba está "sobre aviso".
La preocupación tiene base. Eso hay que reconocerlo.
El punto legal que merece reconocimiento
Hay un argumento del vicecanciller que conviene tomar en serio, independientemente de quién lo formule.
Claves del caso
Es cierto que buena parte de la cobertura sobre el despliegue discute el cuándo y el cómo de una eventual acción militar, y muy poco el si se puede.
Una operación armada contra un Estado soberano que no ha atacado a Estados Unidos plantea problemas serios bajo la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza salvo en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad.
Ese debate existe, es legítimo y está notoriamente ausente de la conversación pública. Señalarlo no es propaganda: es una observación correcta.
Lo que su denuncia omite
Dicho lo anterior, el relato del vicecanciller presenta a Cuba como una isla pacífica que despertó un día con portaaviones en el horizonte sin explicación alguna.
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Y hay bastante que falta en esa versión:
Los 32 cubanos muertos en Venezuela. El 3 de enero, durante la operación que culminó con la captura de Maduro, murieron 32 militares y agentes cubanos que integraban su dispositivo de seguridad personal. Cuba tenía tropas y agentes de inteligencia operando en otro país, algo que su propio Gobierno no había reconocido públicamente hasta ese día.
La imputación de Raúl Castro. El Departamento de Justicia lo acusó formalmente por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente.
El ICAP. Washington designó al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos como instrumento de influencia e inteligencia exterior, y bloqueó sus bienes mediante orden ejecutiva.
Las acusaciones de espionaje. Hegseth afirmó que Cuba ha permitido durante años que potencias adversarias utilicen su territorio para actividades de inteligencia contra Estados Unidos.
Se puede discrepar de todas esas razones. Se puede sostener que son exageradas o instrumentales. Pero omitirlas por completo no es analizar una crisis: es contar la mitad.
"Mentirosos por contrato"
Hay una expresión del vicecanciller que merece atención propia, porque no es nueva.
Llamar "mentirosos por contrato" a quienes escriben sobre estos temas es exactamente la misma etiqueta que el aparato oficial cubano aplica al periodismo independiente desde hace años.
En abril de 2025, el propio Díaz-Canel calificó de "mercenarios" a los periodistas independientes que trabajan en plataformas financiadas desde el exterior.
La lectura sobre Cossio Alerta Agresion
El problema de esa fórmula es su alcance: convierte cualquier cobertura crítica en un producto pagado, y por tanto en algo que no hace falta responder. Aplicada de forma sistemática, no distingue entre un artículo de opinión encargado y una investigación documentada.
Y hay un dato incómodo: buena parte de la información sobre el despliegue en Puerto Rico procede de El Mundo, de la Universidad de Navarra, del Departamento de Defensa y de la gobernadora de Puerto Rico. No de columnistas anónimos.
La contradicción que lo delata
Y aquí está el elemento más revelador de todo este episodio.
Si el Gobierno cubano estuviera realmente convencido de que se trata solo de una campaña propagandística sin sustancia, se limitaría a desmentirla.
Pero según reportó The New York Times, La Habana reforzó la seguridad alrededor de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel ante el temor de una eventual operación estadounidense.
Es decir: mientras públicamente califica la amenaza de invención mediática, en privado actúa como si el riesgo fuera real.
Esas dos conductas no se sostienen a la vez. Una de ellas es para la galería.
Lo que dice el otro lado
Por rigor conviene añadir un matiz que complica la tesis del vicecanciller.
Hace apenas dos semanas, reportes de Bloomberg indicaron que la administración estadounidense habría decidido postergar un posible despliegue militar contra Cuba, para concentrarse en las sanciones y la presión económica. Entre las razones citadas: el riesgo de una desestabilización descontrolada y la escasa utilidad estratégica de bombardear objetivos en una isla empobrecida.
Y el secretario de Estado Marco Rubio habló el 11 de agosto de una transición que tomaría de tres a cinco años, con Polonia como modelo.
Si existiera una campaña coordinada para hacer inevitable una agresión inminente, esos dos mensajes no encajarían en ella.
La pregunta que ninguna de las partes responde
Al final queda una cuestión que el vicecanciller no aborda y que sus interlocutores tampoco.
Fernández de Cossío invoca la soberanía nacional y el derecho internacional. Ambos argumentos son válidos.
Pero la soberanía que reclama pertenece, en principio, a un pueblo que hoy tiene al 94 % de su población en pobreza extrema, a 1.327 personas presas por motivos políticos —la cifra más alta jamás documentada— y a cientos de miles esperando salir del país por cualquier vía.
Un Estado puede tener toda la razón jurídica del mundo frente a una amenaza externa y, al mismo tiempo, no representar la voluntad de quienes viven bajo su autoridad.
Ninguna de las dos cosas cancela a la otra. Y esa es, probablemente, la incomodidad de fondo de toda esta discusión.
Desde Noticuba seguiremos informando.
