Una noche de cacerolas que terminó en tribunales
La noche del 13 de marzo de 2026, Morón no aguantó más. Cientos de vecinos de esta ciudad de Ciego de Ávila salieron a la calle con cacerolas, cansados de apagones interminables, de la escasez de comida y de una vida que cada día se hacía más difícil. Se escuchó "¡Libertad!" y se escuchó "Patria y Vida". Según cálculos preliminares citados por Martí Noticias, la multitud superó las 800 personas.
La marcha pasó primero por una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y terminó frente a la sede municipal del Partido Comunista. Los videos que circularon esa noche mostraron objetos ardiendo en la calle, piedras, puertas y ventanas dañadas. El local del Partido acabó en llamas.
La respuesta del régimen no se hizo esperar. Primero admitió que la protesta había empezado de forma pacífica. Después pasó a hablar de vandalismo y a culpar a personas "pagadas" desde Miami. Siguieron los arrestos, entre ellos los de varios menores de edad.
Lo que pide la Fiscalía
Siete meses después, la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila presentó sus conclusiones provisionales contra 19 personas. Todas están acusadas de sedición, uno de los delitos más graves del Código Penal cubano, el mismo que el régimen usó contra cientos de manifestantes del 11 de julio de 2021.
Las peticiones van de 7 a 13 años de prisión:
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Hosuán Naranjo Chacón, adulto: 13 años, la petición más alta.
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Brian Pérez Muñoz, de 28 años, y el resto de los adultos: 12 años cada uno.
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Christian de Jesús Crespo Álvarez, que tenía 16 años en el momento de los hechos y hoy tiene 17: 8 años.
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Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, y los demás adolescentes: 7 años cada uno.
Hay que decirlo con claridad: son peticiones de la Fiscalía, no condenas. El caso todavía tiene que llegar a juicio, y hasta ahora no se ha anunciado la fecha. Tampoco se conocen públicamente los nombres de los 19 procesados, y según las familias, las autoridades no les han entregado el documento formal de la acusación.
Adolescentes en una cárcel de adultos
En Cuba, la responsabilidad penal empieza a los 16 años. Para el régimen, eso permite juzgar a estos muchachos como adultos. Para la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que Cuba firmó, siguen siendo niños hasta los 18.
Jonathan David Muir Burgos fue arrestado el 16 de marzo, cuando acudió con su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial. Pasó más de tres meses detenido, parte de ese tiempo en Canaleta, una prisión para adultos de Ciego de Ávila. Su familia y organizaciones de derechos humanos denunciaron que tenía un problema en la piel y que le costaba recibir atención médica.
Claves del caso
En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares por el riesgo para su vida, su integridad y su salud. Salió el 24 de junio, pero el proceso sigue. Hoy no puede salir de su casa sin autorización, salvo para trabajar, estudiar o ir al médico.
Christian de Jesús Crespo Álvarez fue detenido el 18 de marzo. En mayo, su familia denunció que fue agredido en Canaleta, que le robaron sus pertenencias y que lo llevaron a una celda de castigo.
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"Llegó cuando ya estaba todo revuelto"
Las familias cuestionan las pruebas.
Marielkis Álvarez, madre de Christian, asegura que las pruebas de olor, huellas y calzado que le hicieron a su hijo dieron negativas. Según ella, la única evidencia es un video en el que no se le ve la cara, y lo identificaron por la estatura y un tatuaje. "Lo acusan de haber irrumpido dentro de la sede del Partido cuando en realidad no es cierto", dice.
Dayarmé Muñoz, madre de Brian, reconoce que su hijo estuvo allí y expresó su descontento, pero niega que haya violencia probada en su contra. "Llegó al local cuando ya estaba todo revuelto", explica. "Lo que siente lo expresó, pero de ahí a que entró a dar candela o tirar piedras, eso nunca fue comprobado".
Brian lleva unos siete meses en prisión provisional en Canaleta, una cárcel de máxima seguridad. Su madre dice que le han negado cuatro solicitudes para cambiar la medida y una queja formal. "Le están imponiendo sedición, y a mi hijo ni se le probó sabotaje", denuncia.
Las familias piden que se anulen los cargos de sedición, y exigen justicia y libertad.
Cuando protestar por la luz se convierte en sedición
Lo que ocurrió frente a la sede del Partido en Morón incluyó daños e incendios, y eso no se discute. Lo que sí se discute es si quienes protestaron por el hambre y los apagones deben pagar con más de una década de cárcel, y si las pruebas alcanzan para culpar a cada uno de ellos.
La lectura sobre Moron Piden Hasta
El patrón no es nuevo. Después del 11J, el régimen usó la acusación de sedición para condenar a cientos de manifestantes, con penas que en muchos casos superaron los diez años. Organizaciones como Cubalex cuestionaron que la respuesta policial en Morón fuera proporcionada, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el uso excesivo de la fuerza y la detención de menores.
La sedición sirve al régimen para algo más que castigar. Convierte una protesta por la luz y la comida en un supuesto ataque contra el orden constitucional, y manda un mensaje al resto del país: quien salga a la calle se juega muchos años de su vida.
Más de 1,350 presos políticos
Morón se suma a una lista que no deja de crecer. Según Prisoners Defenders, Cuba cerró septiembre con 1,351 presos políticos, un récord. Entre ellos hay 152 mujeres y 40 personas que fueron detenidas cuando eran menores de edad.
Detrás de cada cifra hay una madre que cuenta los meses, un hijo en una celda y una familia que no se atreve a hablar en voz alta. Las de Morón sí han hablado. Y lo que piden es simple: que se pruebe lo que se acusa, o que dejen libres a sus hijos.
Lo que viene
El caso todavía tiene que pasar por el tribunal, que decidirá si acepta las peticiones de la Fiscalía, si las rebaja o si absuelve a alguno de los acusados. Mientras tanto, la mayoría de los adultos sigue tras las rejas y los adolescentes viven bajo restricciones.
En Noticuba seguiremos el juicio de cerca. Porque los vecinos de Morón salieron a la calle a protestar porque no tenían luz, ni comida, ni a quién reclamar.
