Dos grupos peleando por el mismo botín
Hay una puja en marcha por unos yacimientos que llevan más de sesenta años en disputa.
El objetivo no son las minas directamente, sino la empresa que las opera: la canadiense Sherritt International, dueña del 50 % de la Moa Joint Venture, la empresa mixta que comparte con la estatal General Nickel Company y que extrae níquel y cobalto en Moa, en la provincia de Holguín.
El primer postor es Gillon Capital, propiedad de la familia de Ray Washburne, exasesor del presidente Donald Trump. Firmó un acuerdo preliminar con la canadiense hace unos tres meses.
El segundo, revelado esta semana por Financial Times, es un consorcio respaldado por el gigante Glencore. Lo integran la firma londinense Kyma Capital Ltd., el inversor de Abu Dabi Trifon Natsis —fundador de Brevan Howard— y un inversor "ancla" estadounidense cuyo nombre no se ha revelado, descrito como una oficina familiar muy conocida y sin vínculos con el Gobierno.
Ambos buscan lo mismo:
"inyectar capital fresco y hacerse con al menos el 55 % de Sherritt."
Por qué Sherritt está en venta
La canadiense no negocia desde una posición de fuerza. Negocia para sobrevivir.
En mayo, Washington impuso sanciones a la estatal cubana Moa Nickel S.A. Esas medidas amenazan a los ejecutivos y a sus familiares con cargos criminales y restricciones de viaje por invertir en propiedades confiscadas. Sherritt anunció entonces la suspensión de su participación directa en las operaciones cubanas y la repatriación de su personal.
El golpe se sintió a miles de kilómetros. Desde junio está parada su refinería de Fort Saskatchewan, en Alberta, tras agotar sus reservas de mineral. La compañía comunicó que el cierre continuará hasta que se reanuden las actividades en Moa y se reconstruya el oleoducto que alimenta la planta.
No es una refinería cualquiera:
"es la única de cobalto de Norteamérica y una de las tres de níquel."
Como resume el empresario William Pitt, Sherritt intenta venderse por algo más de la mitad del valor que le queda para evitar que las sanciones la hagan morir lentamente.
Lo que hay debajo: minerales de guerra
Aquí está el motivo real del interés estadounidense, y no es económico en el sentido corriente.
El níquel y el cobalto son minerales críticos para la industria militar. El propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó la compra de 7.480 toneladas de cobalto por 500 millones de dólares para rellenar las reservas estratégicas.
Washington ha puesto un enorme énfasis en extraer esos minerales de yacimientos dentro de Estados Unidos, pero la capacidad actual no alcanza y las minas nuevas tardarán muchos meses en operar.
Con ese cuadro, el interés por unos yacimientos situados a noventa millas se explica solo.
Pitt lo formula sin rodeos: el objetivo de Washington sería que la minería cubana se conduzca bajo la sombrilla de una compañía de dirección financiera estadounidense, lo que haría que las actividades mineras de Cuba se parecieran mucho a las petroleras de Venezuela.
El origen del conflicto: 1959 y las concesiones perdidas
Nada de esto se entiende sin la historia.
Claves del caso
Las minas de Moa pertenecían antes de 1959 a propietarios estadounidenses. La planta Pedro Soto Alba era la antigua Moa Bay Mining Company, filial de Freeport. Tras la nacionalización, esas familias quedaron con papeles y sin activos.
La Comisión para el Arreglo de Reclamaciones en el Extranjero (FCSC) certificó cerca de 6.000 reclamaciones por unos 1.900 millones de dólares. Con intereses acumulados, algunas estimaciones las sitúan hoy en varios miles de millones.
La reclamación vinculada a Freeport y a las concesiones de Moa asciende a 88 millones de dólares más intereses, según Pitt, cuya familia sostiene que cuenta con decisiones de tribunales federales y de la Comisión que reconocen derechos sobre varias concesiones.
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La trampa: comprar sería exponerse a ser demandado
Y aquí llegamos al problema central, que es una paradoja jurídica de manual.
El Título III de la Ley Helms-Burton permite demandar ante tribunales estadounidenses a quien "trafique" con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano después de 1959.
Durante décadas, Sherritt operó protegida por las leyes canadienses, que dificultan la ejecución en Canadá de sentencias dictadas en Estados Unidos al amparo de esa norma. Ese escudo funcionaba precisamente porque la empresa era canadiense.
Si un inversor estadounidense toma el control, ese escudo desaparece. Pasaría a estar bajo jurisdicción estadounidense, con activos embargables dentro del país y accesible para cualquier demandante con reclamación certificada.
Pitt lo plantea como pregunta directa:
"¿qué interés tienen quienes compren el 55 % de Sherritt si tan pronto compren van a quedar sometidos a la Helms-Burton?"
Su propia respuesta es honesta:
"es complicado y especulativo, porque nadie sabe qué forma tomarán en un futuro cercano las relaciones entre Washington y La Habana."
Las salidas posibles
Hay al menos tres vías por las que este nudo podría desatarse, y conviene conocerlas.
El modelo venezolano. Si se produjera una transición como la de Caracas, Pitt especula con que la venta de níquel y cobalto se maneje de forma similar al petróleo venezolano:
"los ingresos se acumularían en cuentas destinadas a pagar en el futuro las reclamaciones de los antiguos dueños."
La suspensión presidencial. El Título III incluye una excepción que autoriza al presidente a suspender su aplicación mediante waiver si lo considera de interés nacional. Todos los presidentes desde Bill Clinton han recurrido a ese mecanismo en algún momento. Pitt admite que podría ser necesario volver a aplazar los reclamos en las cortes federales.
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El acuerdo privado. Es la propuesta que el propio Pitt ha lanzado: en lugar de presionar para impedir la llegada de capital estadounidense, negociar. Si una compañía estadounidense vuelve a trabajar las minas, plantea establecer una forma de pago de regalías a los antiguos propietarios.
Las tres tienen algo en común: ninguna resuelve el problema legalmente. Lo administran.
La señal de Washington
Hay un dato del reporte de Financial Times que conviene leer con atención.
El Departamento de Estado ha comunicado, tanto a Gillon como al consorcio rival, que no se opone a las negociaciones con Sherritt. Tampoco lo hace el Departamento del Tesoro.
Con un matiz importante: ninguna de esas comunicaciones implica la aprobación de la transacción.
Es una posición deliberadamente ambigua. No es luz verde, pero tampoco es prohibición. Y para operaciones de este tamaño, esa ambigüedad ya es información.
Un portavoz de Sherritt, por su parte, declaró que la empresa acoge todas las manifestaciones de interés y seguirá explorando activamente las posibilidades en beneficio de las partes interesadas.
El precedente que lo cambia todo
No es un debate teórico. Los tribunales ya se están moviendo.
En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que ExxonMobil puede continuar su demanda contra Cuba Petróleo (CUPET) y Corporación CIMEX por la confiscación de sus activos, tras siete años de proceso.
Semanas después, Atlas Holdings —propietaria de Office Depot— presentó una demanda de 47 páginas reclamando 267,5 millones de dólares más un 6 % anual de intereses desde 1960, por la antigua Compañía Cubana de Electricidad. La demanda alcanza colateralmente a Sherritt.
El mensaje para cualquier comprador es claro:
"las reclamaciones de los años sesenta están vivas y ganando en los tribunales."
Lo que está realmente en juego
Este expediente contiene, en miniatura, todo el conflicto cubano contemporáneo.
Hay una necesidad estratégica estadounidense de minerales críticos. Hay familias que llevan seis décadas reclamando lo que les quitaron. Hay una ley diseñada para castigar a quien lucre con esas propiedades, que ahora podría castigar a los propios estadounidenses que intenten recuperarlas. Y hay un régimen cubano que necesita desesperadamente que esas minas vuelvan a producir divisas.
Cada actor quiere algo distinto y todos dependen del mismo yacimiento.
Lo que decida Washington sobre este caso dirá mucho sobre qué prioriza realmente: la justicia para los expropiados, el acceso a minerales estratégicos, o una transición negociada donde ambas cosas se paguen con el propio níquel cubano.
