Seis hombres en un hotel de Bangui
La denuncia se hizo pública el jueves 6 de agosto y llegó por un canal poco habitual: un teléfono móvil que uno de ellos logró introducir de forma clandestina en un centro de detención.
Con ese aparato, el hondureño Brayan Sánchez concedió una videollamada a la agencia EFE desde Bangui, capital de la República Centroafricana. Junto a él estaban cuatro ciudadanos cubanos y un ecuatoriano. Todos aseguran lo mismo: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) los deportó a la fuerza, sin decirles nunca cuál era su destino.
De los cubanos se conocen tres nombres: Arístides Fernández, Omar Rodríguez y Almario Moreno. El cuarto no se ha identificado públicamente. Completa el grupo el ecuatoriano Mauricio Alvarado.
Están alojados en un hotel de la capital. Las autoridades locales les pidieron no salir mientras les tramitan un visado de permanencia.
"África nunca me lo mencionaron"
El relato de Sánchez permite reconstruir la secuencia.
Trabajaba como camionero y tenía un pequeño negocio de lavado a presión y pintura. Fue detenido el 13 de mayo en Florida. Desde allí lo trasladaron sucesivamente a centros en Colorado, Arizona, California y Texas. En ese recorrido conoció a sus compañeros latinoamericanos.
Solo el 30 de julio, según su versión, descubrieron que los enviarían a África.
Cuenta que dos oficiales de ICE llegaron al último centro de detención y les advirtieron que al día siguiente salían en un vuelo, y que si no abordaban el avión los golpearían. Cuando preguntó el motivo, asegura que la respuesta fue que no lo sabían: simplemente iban para allá.
Sobre el destino, fue tajante en la entrevista: "África nunca me lo mencionaron". Añadió que, de haberlo sabido, habría preferido cualquier otra opción —El Salvador, México— antes que el continente africano, y que en ningún momento fue una salida voluntaria.
21 horas de vuelo y tres escalas
El trayecto, según su testimonio, duró unas 21 horas. Hubo una primera parada en Senegal, después Nigeria y finalmente la República Centroafricana.
Nadie a bordo, sostiene, recibió información sobre el punto final del viaje hasta que aterrizaron.
Sánchez añade un dato jurídicamente relevante: afirma que llegó a Estados Unidos en 2016 y que tenía una orden judicial que impedía su deportación. Según relata, los abogados con los que ha podido hablar le han dicho que corresponde su retorno, pero que el juez todavía no está al tanto de lo ocurrido.
El detalle sanitario que agrava el caso
Aquí hay un punto técnico que conviene explicar bien, porque suele pasarse por alto.
Los deportados afirman que fueron enviados sin vacunas y sin ninguna preparación sanitaria. No es un detalle menor ni una queja retórica.
Claves del caso
La República Centroafricana exige el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de nueve meses, sin excepciones. Es un requisito de entrada, no una recomendación. Además, es un país donde el paludismo circula todo el año, donde se registran brotes recurrentes de cólera por agua contaminada y epidemias estacionales de meningitis durante la temporada seca.
Enviar a un grupo de personas a ese entorno sin inmunización previa plantea dos problemas simultáneos: uno sanitario evidente y otro administrativo, porque los coloca en el país incumpliendo sus propias normas de entrada.
Dónde los dejaron
Conviene dimensionar el destino sin alarmismo, pero con precisión.
La República Centroafricana arrastra más de una década de conflicto armado interno. Las recomendaciones oficiales de viaje de varias cancillerías europeas desaconsejan viajar al país en su totalidad y advierten que ni siquiera la capital es segura, ni siquiera con presencia de tropas internacionales desplegadas.
Es uno de los países con menor índice de desarrollo humano del mundo. Los idiomas oficiales son el francés y el sango. Ninguno de los seis deportados los habla.
A eso se suma lo obvio: llegaron sin dinero suficiente, sin contactos, sin redes familiares y sin representación consular efectiva.
Por qué el caso de los cubanos es distinto
Los cuatro cubanos enfrentan una situación con un agravante propio.
Cuba mantiene desde hace décadas un acuerdo migratorio con Estados Unidos que regula las repatriaciones, pero acepta un número limitado de personas y no admite a todos los que Washington quiere devolver. Ese cuello de botella es precisamente uno de los argumentos que la administración estadounidense ha usado para justificar los envíos a terceros países.
El resultado práctico es que un cubano con orden de deportación puede terminar no en La Habana, sino en un país con el que nunca tuvo relación alguna.
Y a diferencia de un hondureño o un ecuatoriano, un cubano deportado a África carece incluso de la opción teórica del "retorno voluntario" a su país de origen sin exponerse a otro conjunto de riesgos.
La base legal: el fallo que abrió la puerta
Nada de esto ocurre en un vacío jurídico, y es importante decirlo con claridad.
En junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó las expulsiones hacia terceros países. A partir de ese fallo, la administración de Donald Trump amplió considerablemente este mecanismo.
La lectura sobre ICE a África
El Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP) sostiene que desde entonces se ha deportado a personas hacia condiciones inseguras, sin debido proceso y con menos de 24 horas de aviso. Esa es exactamente la acusación que replican los seis hombres de Bangui.
En otras palabras: la práctica es legal según el máximo tribunal estadounidense, y aun así está siendo cuestionada por cómo se ejecuta.
Un mapa de acuerdos africanos
Este envío no es un hecho aislado. Según el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, Washington ha establecido acuerdos para que acepten deportados varios países africanos: Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún, la República Democrática del Congo y la propia República Centroafricana.
El esquema tiene una lógica clara desde el punto de vista estadounidense: aumentar el volumen de expulsiones sin depender de la cooperación de los países de origen. Y tiene un costo igual de claro: los Estados receptores terminan asumiendo la atención de personas que jamás tuvieron vínculo con su territorio.
Silencios y respuestas
El Gobierno de Honduras informó públicamente que da seguimiento al caso y que apoyaría un "retorno voluntario" de su ciudadano. Sánchez respondió que no puede volver: sostiene que salió del país porque mataron a su padre y a sus tíos, y que él fue amenazado.
ICE, hasta el cierre del reporte de EFE, no había respondido a la solicitud de información sobre el caso.
El pedido que grabaron con un celular
El video que difundieron desde Bangui tiene un destinatario concreto: la clase política del sur de Florida.
Arístides Fernández pidió expresamente que el mensaje se hiciera viral y apeló a los congresistas de la zona, mencionando por nombre a María Elvira Salazar. Describió lo ocurrido como una injusticia y resumió su situación actual con una frase que no necesita adorno: "la estamos pasando bien mal".
Las preguntas que quedan abiertas
Este caso deja varios interrogantes sin respuesta pública.
¿Bajo qué criterio se seleccionó a estas seis personas y no a otras? ¿Existía realmente una orden judicial que impedía la deportación de Sánchez, como él afirma? ¿Qué obligaciones sanitarias asume el país que expulsa? ¿Y qué estatus legal tendrán estos hombres en un país que ni los reclama ni los conoce, más allá de un visado de permanencia tramitado sobre la marcha?
Por ahora, seis hombres esperan en un hotel de Bangui con la instrucción de no salir a la calle, comunicándose con el mundo a través de un teléfono que no debería estar ahí.
Es un caso concreto, con nombres y apellidos. Pero también es una señal de hacia dónde se está moviendo el sistema de deportaciones estadounidense, y de las zonas grises que esa expansión va dejando por el camino.
