Qué determinó el tribunal
La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del Distrito de Columbia, determinó que el Servicio de Rentas Internas (IRS) violó la ley federal al divulgar información confidencial de contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) "aproximadamente 42.695 veces".
La decisión se dictó el 26 de febrero de 2026 y se apoya en un fallo previo de noviembre de 2025, en el que la misma jueza había bloqueado el acuerdo de intercambio de datos mediante una resolución de 94 páginas.
El intercambio masivo de información continúa frenado.
Las cifras exactas
Los números permiten dimensionar lo ocurrido:
ICE solicitó datos de aproximadamente 1,28 millones de personas con órdenes de deportación.
El IRS entregó información sobre unas 47.000 de ellas, incluidas sus últimas direcciones conocidas.
De esas entregas, la jueza determinó que aproximadamente 42.695 constituyeron violaciones de la ley.
Es decir: la inmensa mayoría de lo que se entregó no debió entregarse.
Cómo se descubrió
El hallazgo no surgió de una filtración ni de una investigación periodística. Surgió de un documento del propio Gobierno.
La determinación se basó en una declaración presentada por Dottie Romo, directora de riesgo y control del IRS, que reveló el alcance real de las divulgaciones.
Ese documento mostró que, en la mayoría de los casos, el IRS entregó a ICE información adicional de dirección en violación de las normas de privacidad diseñadas para proteger los datos de los contribuyentes.
La jueza calificó esa declaración como "un desarrollo significativo en este caso".
La cita más dura del fallo
El párrafo central de la decisión no deja margen a la interpretación:
"El IRS no solo no se aseguró de que la solicitud de ICE de información confidencial de direcciones cumpliera los requisitos legales, sino que ese fallo llevó al IRS a divulgar direcciones confidenciales de contribuyentes en situaciones en las que la solicitud de ICE era manifiestamente deficiente."
Miles de solicitudes de ICE estaban incompletas o no estaban correctamente vinculadas a investigaciones criminales, que es la única vía por la que la ley permite ese acceso.
Qué ley se violó
Dos, en realidad.
La Sección 6103 del Código de Rentas Internas, una de las leyes de confidencialidad más estrictas del estatuto federal estadounidense. Protege los datos tributarios con independencia del estatus migratorio del contribuyente. Su excepción principal está reservada a investigaciones criminales no tributarias.
La Ley de Procedimiento Administrativo (APA), sobre cómo las agencias federales adoptan y ejecutan sus políticas. La jueza calificó la implementación de la política como "arbitraria y caprichosa", señalando que el IRS no explicó adecuadamente por qué se apartó de su política previa de "estricta confidencialidad".
Ese punto es importante: durante décadas, el IRS mantuvo una doctrina de confidencialidad absoluta precisamente para que las personas cumplieran con sus obligaciones fiscales sin temor.
Cómo llegamos hasta aquí
La cronología revela algo llamativo:
Febrero de 2025. El propio IRS se negó a entregar la información solicitada por ICE, tras determinar que la petición no cumplía los requisitos legales. Esa decisión se tomó bajo la dirección de un funcionario identificado en los documentos judiciales solo por sus iniciales.
7 de agosto de 2025. Tras la aprobación legal de otro funcionario, el IRS sí entregó las últimas direcciones conocidas de unos 47.000 contribuyentes.
Septiembre de 2025. Primera orden judicial: el IRS debe avisar al tribunal y a los demandantes con 24 horas de antelación antes de compartir grandes volúmenes de datos.
Claves del caso
21 de noviembre de 2025. Kollar-Kotelly bloquea el elemento del acuerdo relativo a las direcciones.
26 de febrero de 2026. La misma jueza cuantifica las violaciones: 42.695.
Dicho de otro modo: la propia agencia había concluido antes que aquello era ilegal. Y después lo hizo igual.
Dos jueces, dos órdenes
Hay un elemento que refuerza considerablemente la posición de los demandantes.
No es un solo tribunal. Una segunda jueza federal, Indira Talwani, con sede en Boston, bloqueó también el intercambio de datos.
Y fue más lejos:
"prohibió a ICE utilizar la información que el IRS ya le había entregado."
Kollar-Kotelly, por su parte, bloqueó al secretario del Tesoro y comisionado interino del IRS, Scott Bessent, de divulgar información al Departamento de Seguridad Nacional salvo que el funcionario receptor esté trabajando en una investigación criminal no tributaria.
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Un dato sobre el perfil de las magistradas: Kollar-Kotelly fue nominada por Bill Clinton; Talwani, por Barack Obama.
Qué esperar si el Gobierno apela
El Gobierno ya está apelando. Y esto es lo que puede anticiparse.
La apelación no ha suspendido las órdenes. Ese es el dato más importante para quien esté preocupado hoy: hasta el momento, el recurso no ha impactado la vigencia de la resolución de Kollar-Kotelly. El bloqueo sigue en pie.
El fallo de febrero fortalece a los demandantes. Y por una razón concreta: la declaración de Romo es evidencia aportada por el propio Gobierno. Un tribunal de apelaciones puede discrepar de una interpretación legal, pero es mucho más difícil descartar los números que la propia agencia reconoció.
Hay dos frentes, no uno. Revertir dos órdenes de dos jueces en dos distritos distintos exige el doble de trabajo y duplica las probabilidades de que al menos una se mantenga.
Pero el camino puede llegar arriba. Si el asunto escala hasta la Corte Suprema, conviene recordar que ese tribunal ha sido receptivo a posiciones de la administración en materia migratoria: en junio de 2026 falló 6 a 3 revocando una decisión del Noveno Circuito sobre asilo, y previamente autorizó las deportaciones a terceros países.
En resumen: la protección actual es real, pero no es definitiva.
¿Podrían usar la información?
Esta es la pregunta más incómoda, y merece una respuesta honesta.
Legalmente, no. La jueza Talwani prohibió expresamente a ICE utilizar los datos ya recibidos. Esa prohibición está vigente.
Materialmente, los datos ya están entregados. Una orden judicial impide su uso, pero no los borra de los sistemas de la agencia. Están ahí.
La lectura sobre El IRS
Y verificar el cumplimiento es difícil. Resulta muy complicado comprobar si ICE utilizó esa información antes de las órdenes, o si actuó sobre datos derivados de ella.
Si un tribunal superior revierte, esa información quedaría disponible para su uso.
El senador Ron Wyden, miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado, advirtió además sobre un riesgo específico:
"la identificación errónea. Sostuvo que existe una probabilidad alta de que el sistema haya cometido errores e identificado mal a contribuyentes, enviando a ICE tras personas equivocadas."
Lo que significa para quien tiene ITIN
Aquí está la parte práctica, y contiene un punto que conviene subrayar.
El ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) existe precisamente para que personas sin número de seguro social puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Millones lo usan.
Presentar impuestos con un ITIN no convierte automáticamente a nadie en objetivo de ICE. Y los fallos judiciales confirman que esa información está protegida por la Sección 6103, con independencia del estatus migratorio.
Los demandantes argumentaron precisamente eso: que compartir esos datos desincentiva a los inmigrantes a pagar impuestos, por temor al hostigamiento o la deportación.
El consejo que puede sorprender
Y aquí hay algo contraintuitivo que conviene decir con claridad.
Dejar de presentar impuestos por miedo puede perjudicar más su caso migratorio que presentarlos.
Un historial tributario limpio y continuo sirve como:
Prueba de presencia física en el país, requisito central de la Ley de Ajuste Cubano —un año y un día— y de otros beneficios migratorios.
Evidencia de buen carácter moral, que se evalúa en múltiples trámites.
Documentación de residencia en una dirección determinada, útil en procesos donde hay que acreditar dónde se ha vivido.
Para un cubano con I-220A o con solicitud de residencia pendiente, ese expediente fiscal puede ser un activo, no un riesgo.
La recomendación sensata es la de siempre:
"consulte con un abogado de inmigración y con un preparador de impuestos acreditado antes de tomar decisiones sobre su situación fiscal."
Lo esencial
Un tribunal federal determinó que la agencia tributaria estadounidense violó casi 43.000 veces una de las leyes de confidencialidad más estrictas del país, entregando direcciones de contribuyentes a una agencia de deportaciones sobre la base de solicitudes que ella misma había considerado deficientes.
El intercambio está bloqueado. Dos jueces lo han impedido. El Gobierno apela y las órdenes siguen en pie.
Pero conviene recordar que las 47.000 direcciones ya salieron. Y que una orden judicial prohíbe usarlas, no las devuelve.
Desde Noticuba seguiremos este caso.
