Qué dijo exactamente el DHS
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado en las últimas semanas la difusión pública de sus operativos de expulsión.
En un comunicado del 14 de agosto, el secretario Markwayne Mullin afirmó que cada día los agentes de ICE trabajan sin descanso para arrestar y expulsar a extranjeros ilegales peligrosos, y detalló que solo en la semana previa habían:
"deportado a asesinos, conductores ebrios, agresores sexuales y traficantes de armas."
La formulación que ha generado más debate aparece de forma recurrente en estos textos. Un portavoz del DHS sostuvo que ICE está deportando a criminales que "nunca debieron estar en nuestro país en primer lugar". La subsecretaria interina Lauren Bis usó una fórmula casi idéntica al referirse a cinco detenidos: ese tipo de criminales depravados nunca debió estar en Estados Unidos.
Es esa idea —la de no pertenecer— la que da título a la controversia.
Los casos que el DHS puso como ejemplo
Los comunicados no se limitan a generalidades. Publican nombres, nacionalidades, fechas de expulsión y antecedentes. Estos son algunos de los citados en agosto:
Ramon Gregorio Herrera-Ruiz, de Guatemala, deportado el 4 de agosto. Condenas por homicidio y tres cargos por conducir bajo los efectos del alcohol.
Jorge Martinez-Guerrero, de México, deportado el 4 de agosto. Condenas por homicidio vehicular por negligencia y reingreso ilegal.
Jashandeep Singh, de India, deportado el 3 de agosto. Condenas por coacción con motivación sexual mediante fuerza, robo con allanamiento y hurto.
Yero Lee, de Corea del Sur, deportado el 4 de agosto. Condena por intento de asesinato.
Francisco Lux Juarez, de Guatemala, deportado el 7 de agosto. Condena por violación.
Son casos graves y documentados. Conviene reconocerlo sin matices:
"se trata de personas con condenas firmes por delitos serios."
El portal "Worst of the Worst"
El DHS mantiene además una plataforma pública, WOW.DHS.gov, donde publica información de extranjeros con antecedentes penales detenidos en el país.
Hace unas semanas anunció la incorporación de 5.000 nuevos casos, elevando el total a más de 40.000 personas. La agencia especificó que entre ellos hay asesinos, pedófilos, violadores, pirómanos, narcotraficantes, secuestradores y pandilleros.
Entre los ejemplos difundidos figuraba Ricardo Iglesias Martínez, cubano detenido en Los Ángeles y señalado como presunto miembro de la pandilla Sureños, con un historial que incluye delitos contra menores.
La frase que va mucho más allá de los criminales
Aquí está el punto que conviene entender bien, porque es donde el mensaje y la política se separan.
El 2 de agosto, el propio secretario Mullin publicó en su cuenta de X una declaración que no habla de asesinos ni de violadores:
"NINGUNA amnistía para los inmigrantes ilegales. Nunca. Somos una nación de leyes. Si estás presente ilegalmente en Estados Unidos de América, serás detenido y deportado. Punto."
Claves del caso
Esa frase no distingue entre quien tiene una condena por homicidio y quien lleva quince años trabajando sin antecedentes.
Los comunicados encabezan con los casos más graves. La política declarada, en cambio, alcanza a todos. Esa distancia entre el titular y el alcance real es, probablemente, lo más importante del asunto.
Una precisión legal que casi nadie explica
Conviene aclarar algo que se confunde constantemente en el debate público.
La presencia ilegal en Estados Unidos es, en la mayoría de los casos, una infracción civil, no un delito penal. El cruce indebido de la frontera sí constituye una falta menor, pero permanecer en el país tras vencer una visa —la forma más común de irregularidad— no es un crimen bajo la ley federal.
Eso no significa que no tenga consecuencias: las tiene, y muy serias, incluida la expulsión. Significa que "indocumentado" y "criminal" no son sinónimos jurídicos, aunque el lenguaje de los comunicados tienda a fundirlos.
La afirmación de que alguien "no pertenece" es, en rigor, una posición política y no una categoría legal.
El dato que el propio secretario reconoció
Este es probablemente el elemento más revelador de todo el expediente, y no viene de los críticos sino del propio Mullin.
Lee también: EEUU revisará los expedientes del parole de Biden: qué significa para los cubanos del CHNV
El secretario explicó que los operativos se centran en localizar a individuos con condenas graves, órdenes finales de expulsión o incumplimiento de visado. Pero añadió algo decisivo: "Raramente están solos".
Según sus palabras, la media es de más de cuatro ocupantes adicionales en cada arresto, y se procede a su expulsión de inmediato.
Traducido:
"por cada persona buscada con antecedentes, otras cuatro que no eran el objetivo terminan deportadas. Esas cuatro pueden no tener condena alguna."
Ese dato explica cómo puede crecer tanto la cifra global de expulsiones mientras los comunicados siguen encabezando con homicidas.
Las cifras reales
Los números permiten dimensionar el fenómeno sin retórica.
Según datos de ICE citados por ABC News, el total de expulsiones en el año fiscal 2026 ascendía a 356.389 a finales de julio. El año fiscal termina el 30 de septiembre.
La lectura sobre El DHS
Ese ritmo encamina a la actual administración a superar el récord establecido durante el Gobierno de Barack Obama, que en el año fiscal 2013 expulsó a 438.421 personas.
El DHS está además ampliando el programa 287(g), que permite a policías locales y estatales actuar como agentes auxiliares de inmigración, y mantiene una política de "cero liberaciones" en la frontera.
La afirmación sobre la criminalidad
Mullin sostuvo que, con las deportaciones al alza, no sorprende que las tasas de criminalidad hayan caído a mínimos históricos en todo el país. También afirmó que el 80 % de los estadounidenses respalda estas medidas.
Conviene tratar esa conexión con precisión. Es cierto que los índices de criminalidad han descendido en Estados Unidos. Establecer que la causa sean las deportaciones es una afirmación distinta, y los investigadores del tema la discuten: buena parte de los estudios académicos disponibles no encuentra que los inmigrantes, incluidos los indocumentados, cometan delitos a tasas superiores a las de la población nacida en el país.
La administración defiende su lectura; los especialistas señalan que la correlación no demuestra causalidad. El lector puede juzgar con ambos elementos sobre la mesa.
Críticas desde el propio bando
Un detalle que suele omitirse: la presión sobre Mullin no viene solo de la oposición.
Gregory Bovino, exjefe de la Patrulla Fronteriza, criticó públicamente al secretario y sugirió que su gestión explica por qué no se están viendo deportaciones masivas. Cuestionó además que Mullin destacara con orgullo cerca de 900.000 naturalizaciones en doce meses.
Es decir: hay quien considera que estas cifras récord siguen siendo insuficientes.
Qué significa para la comunidad cubana
Los cubanos aparecen con regularidad en estas listas. En comunicados recientes figuran David Ciero, deportado el 27 de julio con condenas por robo agravado, agresión y fraude, y Francisco Matos Izquiedo, con antecedentes por agresión agravada con arma y venta de cocaína.
Hay tres factores que hacen esta situación distinta a la de años anteriores:
Los vuelos se reanudaron. Entre enero y mayo de 2026 fueron deportados 612 cubanos en 18 vuelos directos a La Habana. Antes, muchas órdenes quedaban suspendidas por falta de cooperación.
Existe la vía de terceros países. Desde el fallo de la Corte Suprema de junio de 2025, una persona puede ser enviada a un país con el que no tiene vínculo alguno.
El limbo del I-220A. Cientos de miles de cubanos siguen sin una vía clara hacia la residencia, lo que los mantiene en procedimientos abiertos.
Lo que conviene tener claro
Sin entrar en asesoría legal, hay conclusiones prácticas que se desprenden de todo lo anterior:
-
Una condena penal, incluso antigua, es hoy el factor de riesgo migratorio más determinante.
-
Los operativos dirigidos generan detenciones de terceros que no eran el objetivo.
-
Mantener el expediente en regla y con representación legal es preferible a desaparecer del radar.
-
Ante cualquier antecedente penal, por menor que parezca, conviene consultar con un abogado acreditado antes de que surja el problema.
El DHS deportó a personas condenadas por homicidio y violación. Eso es un hecho, y difícilmente alguien lo defienda. La pregunta que queda abierta es cuántos de los 356.389 expulsados este año encajan en esa descripción, y cuántos eran las otras cuatro personas que estaban en la casa.
