Lo que anunció Delcy Rodríguez
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló el sábado por televisión estatal el alcance del acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos.
Sus cifras principales:
Vigencia de 25 años.
Meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.
Ingresos para Venezuela de 209.335 millones de dólares, calculados sobre un precio de referencia de 65 dólares por barril.
Desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles.
Ocho bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados.
Inversión superior a 100.000 millones de dólares.
Regalías mínimas del 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %.
Participarían Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, entre otras.
Rodríguez agradeció a Donald Trump y a Marco Rubio su disposición, calificó el pacto de "hito histórico en las relaciones bilaterales" y afirmó:
"Nuestra meta va más allá. Queremos ser una potencia energética."
La aritmética: 19 de cada 65
La propia vicepresidenta ofreció el dato más revelador del acuerdo, y conviene hacerle la cuenta.
Explicó que:
"por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país."
Diecinueve de sesenta y cinco. Es decir, alrededor del 29 % del valor de cada barril queda en Venezuela. El resto se reparte entre operadores, inversores y costos.
Repartidos a lo largo de 25 años, esos 209.335 millones equivalen a unos 8.400 millones de dólares anuales.
Conviene ser justos con esa cifra: para un activo deteriorado que requiere 100.000 millones de inversión y años de recuperación técnica, unas condiciones fiscales del 16 % de regalía y 34 % de impuesto no son escandalosas en términos internacionales. Hay países que ofrecen menos.
Pero también hay que decir lo otro:
"es una fracción de lo que Venezuela reclamaba históricamente sobre su propio crudo."
La contradicción: ¿25 años o 100?
Y aquí aparece el elemento que más ha llamado la atención.
Delcy Rodríguez habla de un acuerdo con vigencia de 25 años.
Pero según los reportes que han acompañado el anuncio, la empresa conjunta que gestionará parte de las reservas venezolanas habría recibido una concesión de hasta 100 años.
Veinticinco frente a cien. No es un matiz de redacción:
"son cuatro generaciones de diferencia."
Ninguna de las partes ha aclarado públicamente cómo se concilian ambas cifras. Puede que se refieran a instrumentos distintos —el contrato de producción por un lado, la concesión societaria por otro—, pero hasta que se publiquen los textos completos, la discrepancia queda ahí.
"Soberanía" y el 55 %
La frase que Rodríguez repitió con más énfasis fue esta:
"Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos."
Y explicó el reparto de roles: Venezuela mantiene la titularidad; Estados Unidos aporta capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar una industria golpeada por las sanciones.
Los reportes, sin embargo, describen otra cosa:
"el Gobierno estadounidense controlaría el 55 % de la empresa conjunta, y Washington pasaría a controlar más del 20 % de las reservas de crudo venezolano."
Titularidad y control no son lo mismo. Se puede ser dueño de un yacimiento cuya operación, decisiones y flujo de caja gestiona otro. La declaración de soberanía es técnicamente defendible y, al mismo tiempo, describe muy poco de lo que ocurrirá sobre el terreno.
Lo que dice Washington
Del otro lado el tono es distinto y no habla de soberanía.
Marco Rubio describió el acuerdo como:
"una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano."
Trump había anticipado semanas antes que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo previamente sancionado, cuya venta sería gestionada por su administración, y estimó que las petroleras estadounidenses podrían reactivar el sector en dieciocho meses.
Es una lectura de ganador. La otra es una lectura de quien necesita el acuerdo.
El estado real de la industria
Los números de producción explican por qué Caracas firmó.
Claves del caso
En julio, Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, un aumento del 29,8 % desde enero. Es una mejora considerable.
Pero sigue muy lejos de los 3 millones que el país extraía a finales del siglo pasado.
Y los expertos advierten que la meta de 1,5 millones solo se alcanzaría a largo plazo. Recuperar una industria petrolera desmantelada no es cuestión de firmar papeles.
La decepción: quién gobierna Venezuela hoy
Aquí está el punto político que atraviesa toda esta noticia y que explica el malestar en buena parte del exilio venezolano y cubano.
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El 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Para millones de personas, aquello significaba el principio del fin del chavismo.
Ocho meses después, quien firma con Trump es Delcy Rodríguez: vicepresidenta de Maduro durante años, hermana de Jorge Rodríguez, figura central del mismo aparato político que reprimió las protestas de 2014 y 2017, y sobre el que la misión de investigación de la ONU documentó patrones de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.
No hubo elecciones. No hubo juicio a los responsables. No hubo desmontaje del aparato de seguridad.
Hubo un cambio de titular y un contrato petrolero.
Nadie que marchara contra el chavismo lo hacía para que Delcy Rodríguez firmara concesiones con Washington.
Por qué esto le importa tanto a los cubanos
Y aquí está la conexión que convierte esta noticia venezolana en un asunto cubano de primer orden.
Lo que ocurrió en Venezuela podría ser el modelo que Washington está estudiando para Cuba.
The New York Times reveló en agosto que la estrategia estadounidense hacia La Habana consiste en "más una alteración del régimen que un cambio de régimen": no un derrumbe caótico, sino que la propia estructura de poder se reorganice desde dentro y desplace a los intransigentes, manteniendo el aparato funcionando.
La lectura sobre Delcy Firma Trump
El mismo reportaje señalaba que Estados Unidos busca en Cuba a un dirigente dispuesto a encabezar esa transición, y que entre los nombres considerados figuran familiares directos de Raúl Castro.
Venezuela es el ensayo. Y su resultado, ocho meses después, es este: capturaron al líder, negociaron con su vicepresidenta, y el petróleo empezó a fluir.
Quien en Cuba esperaba que la caída de Maduro anunciara el fin del comunismo en la región acaba de ver, en tiempo real, qué significa realmente la fórmula.
Los argumentos del otro lado
Por honestidad conviene recoger también la defensa de este enfoque, que existe y no es trivial.
Evitar un Estado fallido. Un derrumbe institucional completo en Venezuela habría producido caos, violencia y una crisis migratoria de proporciones enormes en toda la región.
Recuperar la producción beneficia a los venezolanos. Ocho mil millones anuales son ocho mil millones que hoy no existen, en un país donde faltan medicinas, alimentos y electricidad.
Las transiciones graduales han funcionado en otros lugares. España, Chile y varios países del este de Europa transitaron desde regímenes autoritarios mediante procesos negociados que incluyeron a figuras del sistema anterior.
Y la alternativa no estaba clara. Una intervención total habría requerido ocupación, administración y un costo político que nadie en Washington quería asumir.
Son argumentos legítimos. Pero ninguno responde a la pregunta de las víctimas.
La pregunta que queda
Ocho meses después de la captura de Maduro, Venezuela tiene un acuerdo petrolero de 25 años —o de cien, según a quién se lea—, una producción en recuperación y un Gobierno encabezado por la misma élite de siempre.
Los presos políticos venezolanos siguen esperando. Las familias de los asesinados en las protestas siguen esperando. Y quienes en Cuba veían en enero el principio del fin han descubierto que el principio del fin puede terminar en una firma.
La pregunta no es si el acuerdo es bueno para la economía. Probablemente lo sea.
La pregunta es qué queda de la promesa de libertad cuando el resultado final es el mismo aparato, con petróleo y con reconocimiento internacional.
Desde Noticuba seguiremos informando.
