Lo que reveló la investigación
El Gobierno cubano nunca anunció oficialmente el levantamiento de la prohibición para que las mipymes importaran combustible. Pero en la práctica ya existen empresas autorizadas haciéndolo.
Una investigación del medio independiente CubaNet, publicada en febrero de 2026 y ampliada en abril, revisó el listado de las seleccionadas y encontró algo que conviene leer despacio:
"entre las autorizadas figuran empresas pertenecientes a GAESA, a ministerios del Estado y otras manejadas por testaferros, incluidos miembros de la familia Castro."
La conclusión del propio reportaje es demoledora en su sencillez: parece que en la práctica poco cambiará al incorporar a los llamados "privados".
Las empresas con nombre y apellido
Estas son las entidades identificadas en el listado de aprobadas:
Servitec Mariel. Pertenece a GAESA y está ubicada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Cubapack Internacional. También bajo el paraguas de GAESA, con oficina en Miami.
Cinesoft Recreación y Cinesoft Digital. Se presentan como mipymes privadas, pero pertenecen a Cinesoft, la empresa de aplicaciones informáticas del Ministerio de Educación.
Cambute SRL. Vinculada a la Asociación de Combatientes de la Revolución y, en última instancia, a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior.
Varias empresas del Ministerio del Transporte, dedicadas a mantenimiento y servicios automotores.
Es decir:
"una parte considerable del "sector privado" autorizado a importar combustible es el propio Estado con otro membrete."
El caso Gaia: la nieta de Raúl Castro
De todos los casos, hay uno que resume el expediente completo.
El Proyecto de Desarrollo Local Gaia pertenece a Lisa Titolo Castro, hija de Mariela Castro Espín y nieta de Raúl Castro.
Claves del caso
Según la investigación de CubaNet, Gaia cuenta con al menos dos contratos firmados para importar combustible:
"uno con la Agencia Importadora Caribe y otro con CUPET, la petrolera estatal."
En un país donde la mayoría de la población no consigue combustible ni para llegar al trabajo, la nieta del hombre que gobernó Cuba durante una década tiene contratos para importarlo.
Los números del proceso
La aritmética de la selección también dice mucho:
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Unas 150 empresas presentaron solicitudes formales hasta mediados de febrero.
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En una primera fase se evaluaron unas 40 y se certificaron 25 antes del 7 de febrero.
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Después se sumaron otras 11 mipymes estatales y "privadas", más Servitec Mariel.
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Tras la convocatoria oficial, 390 mipymes privadas fueron llamadas a presentar documentación.
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Solo 113 entregaron el expediente completo.
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Y únicamente 42 fueron autorizadas.
De 390 convocadas, 42 aprobadas. Un 10,7 %. Y entre esas 42, las empresas del poder.
Un detalle adicional que conviene registrar: quien anunció esta apertura fue el ministro de Comercio Exterior Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro.
La puerta que abrió Washington
Y aquí llega el elemento que responde directamente a la pregunta sobre el impacto de las sanciones.
Estados Unidos excluyó deliberadamente a los actores privados cubanos de su operación de cerco petrolero, según reportó Bloomberg. La lógica era razonable y hasta generosa:
"castigar al aparato estatal sin asfixiar al pequeño empresario ni, por extensión, a la población."
La Habana entendió esa lógica perfectamente. Y llenó ese espacio con sus propias estructuras.
El resultado es que existe un corredor diseñado para rodear a GAESA por el que ahora circulan empresas de GAESA.
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Un dato que lo confirma: pese al llamado "bloqueo energético", en el primer trimestre de 2026 Estados Unidos exportó alrededor de 2,5 millones de dólares en combustible hacia Cuba.
El problema de fondo: "privado" no significa lo mismo en Cuba
Esto no es solo una anécdota de corrupción. Es un fallo de diseño, y conviene entenderlo bien.
En cualquier país con Estado de derecho, distinguir entre una empresa estatal y una privada es sencillo:
"hay registros mercantiles públicos, se conoce la titularidad real, existen auditorías independientes y hay prensa libre para investigar."
En Cuba no existe ninguna de esas cuatro cosas.
La lectura sobre Raúl Castro
No hay un registro público de beneficiarios finales. GAESA no publica sus balances y está exenta de auditorías de la Contraloría General, algo que la propia contralora admitió en 2024 antes de jubilarse. Y el periodismo independiente que destapa estos casos es perseguido.
Una política de sanciones que separa "lo estatal" de "lo privado" está aplicando una distinción que el sistema cubano borra deliberadamente. Y quien tiene la información sobre quién es quién es precisamente el Gobierno sancionado.
Entonces, ¿las sanciones no sirvieron de nada?
Aquí conviene ser honesto en las dos direcciones, porque la respuesta simple sería falsa.
Sí han golpeado, y con fuerza. La evidencia es verificable:
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Sherritt International se retiró de Cuba tras 32 años de presencia, poniendo fin a la operación de níquel en Moa.
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Las hoteleras españolas iniciaron su retirada de Gaviota, la filial turística de GAESA.
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Más de 7.000 contenedores con insumos médicos, alimentos y productos energéticos están varados en puertos del Caribe porque las navieras temen ser sancionadas.
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El Departamento de Estado calcula que GAESA controla entre el 40 % y el 70 % de la economía formal y hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos en el extranjero.
La presión financiera existe y se siente.
Dónde no golpearon
Pero también hay que decir lo otro.
Los sancionados no han perdido el poder ni el acceso. La nieta de Raúl Castro firma contratos de combustible. Su primo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, fue fotografiado con Rolex, Hermès y Ferragamo, y una investigación documentó 23 viajes privados a Panamá entre 2024 y 2025.
Mientras tanto, según el IX Estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos:
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94 % de la población vive en pobreza extrema.
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Ocho de cada diez cubanos han dejado de hacer una comida por falta de dinero o alimentos.
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Esta semana la termoeléctrica de Felton quedó en cero, con 1.105 MW disponibles frente a 3.300 de demanda.
La asimetría que lo explica todo
Ahí está el núcleo del asunto, y merece formularse sin rodeos.
Las sanciones económicas funcionan bajo un supuesto: que el costo impuesto obligue a quien decide a cambiar de conducta.
Pero ese supuesto requiere que quien decide pague el costo. Y en Cuba no lo paga.
La escasez la absorbe una población que no eligió a nadie y que no tiene forma de exigir rendición de cuentas. La élite conserva el acceso a divisas, a combustible, a viajes y a bienes de lujo. Y cuando aparece un corredor legal nuevo —como el de las importaciones privadas—, es la primera en ocuparlo.
Un régimen que nunca ha considerado el bienestar de su población como una limitación para su supervivencia no cambiará de conducta porque esa población pase hambre.
Ese es, probablemente, el límite estructural de toda la estrategia.
Qué habría que hacer distinto
Del propio expediente se desprenden medidas concretas que cerrarían esa brecha:
- Verificar la titularidad real, no la denominación jurídica. Una mipyme cuyo dueño es familiar directo de la cúpula no es un actor privado.
- Publicar listas de entidades excluidas de la exención, con nombres, para que los proveedores extranjeros sepan con quién no pueden operar.
- Rastrear las cuentas offshore que sostienen estas operaciones, especialmente en Panamá.
- Escuchar al periodismo independiente cubano, que ha identificado estos vínculos antes que ninguna agencia gubernamental. Esta investigación no la hizo el Departamento del Tesoro: la hizo CubaNet.
Lo esencial
Washington abrió una puerta para los privados con el fin de no castigar al pueblo cubano. La Habana la cruzó con las empresas de su propia familia gobernante.
Y mientras se discute quién tiene la culpa, el resultado sobre el terreno es el mismo de siempre: los que decidieron siguen decidiendo, y los que no decidieron nada siguen resistiendo.
Desde Noticuba seguiremos informando con datos y con nombres obtenidos a partir de investigaciones realizadas por diferentes medios independientes.
