Claves del caso
Nuevo revés judicial para el régimen cubano en Europa. El Tribunal Mercantil de Londres condenó al Banco Nacional de Cuba (BNC) a pagar unos 21 millones de euros al fondo de inversión CRF I Limited, en el marco del prolongado litigio por una deuda soberana impaga que se arrastra desde hace años. La decisión, dictada en rebeldía después de que la entidad cubana no se defendiera, llega tras varios intentos de negociación que, según el propio fondo, el régimen de La Habana simplemente ignoró. Un desenlace que vuelve a poner en evidencia la delicada situación financiera de la Isla ante los mercados internacionales.
El fallo: 21 millones de euros y 14 días para pagar
Según la resolución de la Alta Corte de Justicia del Reino Unido, en su Sección Comercial, el Banco Nacional de Cuba deberá abonar 18.123.883,28 libras esterlinas, una cifra que equivale a unos 21 millones de euros (alrededor de 24,4 millones de dólares). La condena incluye tanto el pago por daños —más de 18 millones de libras— como los costes del proceso judicial, cifrados en cerca de 90.000 libras.
El tribunal fijó, además, un plazo estricto:
"el BNC deberá entregar el dinero dentro de los 14 días posteriores a la notificación de la orden."
Con esta decisión, el acreedor pasa de tener un reconocimiento genérico de sus derechos a disponer de una condena monetaria concreta y cuantificada contra el antiguo banco central de la Isla, lo que abre una nueva y más peligrosa etapa para las finanzas cubanas.
Una sentencia en rebeldía: el régimen no se defendió
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la pasividad de la parte cubana. El juez Andrew Baker había dictado el 10 de julio una sentencia en rebeldía contra la institución financiera, precisamente porque el BNC no compareció ni presentó defensa alguna. Posteriormente, una solicitud de CRF permitió al tribunal evaluar por escrito los perjuicios y los costes, y cuantificar así la indemnización.
También en esta fase la entidad cubana guardó silencio:
"no presentó argumentos frente a la solicitud que permitió fijar el monto a pagar."
Esa ausencia de defensa resulta difícil de explicar tratándose de una suma millonaria, y refuerza la impresión de que el régimen optó por ignorar el proceso en lugar de afrontarlo, una estrategia que, lejos de frenar la reclamación, ha terminado por consolidarla judicialmente.
El régimen ignoró las propuestas de negociación
Quizás el punto más revelador es que este desenlace podría haberse evitado. El presidente de CRF I, David Charters, aseguró que el fondo lleva años buscando un acuerdo con La Habana que permita cobrar a los acreedores sin bloquear una eventual reincorporación de Cuba a los mercados internacionales. En esa línea, el grupo presentó propuestas de reestructuración e incluso escribió directamente a Miguel Díaz-Canel el 22 de junio de 2026.
Aquella carta planteaba conversaciones confidenciales, instrumentos financieros vinculados al crecimiento económico y fórmulas como el canje de deuda por capital. Sin embargo, ni el régimen cubano ni el BNC respondieron. Ante ese silencio oficial, el ejecutivo del fondo sostuvo que CRF no tuvo otra alternativa realista que continuar la vía judicial. En otras palabras, la condena es también la consecuencia directa de la negativa de La Habana a sentarse a negociar.
Un litigio que viene de lejos
El conflicto no es nuevo. El origen de la deuda se remonta a préstamos contraídos en la década de 1980 con entidades europeas como Credit Lyonnais y el Istituto Bancario Italiano, obligaciones que Cuba dejó de pagar y que, con el paso de los años, fueron adquiridas por el fondo CRF. La Habana, que se refiere a CRF como un "fondo buitre", ha negado durante todo el proceso haber suscrito préstamo alguno con esa entidad, registrada en las Islas Caimán.
El caso ha recorrido ya varias instancias. En 2023, un primer fallo reconoció que el BNC —y no el Estado cubano— era el deudor legítimo, y en 2024 el Tribunal de Apelación de Londres rechazó el recurso presentado por el banco cubano, ratificando que CRF es el acreedor con derecho a reclamar. El monto total en disputa supera los 70 millones de euros, y el fondo asegura poseer una cartera de deuda cubana mucho mayor. La condena ahora cuantificada es, por tanto, un paso más en un largo camino judicial que se ha ido cerrando en contra de los intereses del régimen.
La estrategia del deslinde y sus límites
A lo largo del litigio, el régimen cubano intentó desvincularse de la deuda mediante maniobras que los tribunales británicos no terminaron de avalar. La Habana llegó incluso a encarcelar a Raúl Olivera Lozano, el exdirector de operaciones del BNC que en 2019 firmó la cesión de la deuda a CRF, alegando que no siguió los procedimientos internos adecuados. Esa acusación fue esgrimida para tratar de invalidar la operación, sin éxito.
Sin embargo, la justicia inglesa consideró válida la cesión y responsabilizó al banco cubano del pago. La estrategia de negar, deslindar y no comparecer ha demostrado tener límites claros: no impide que las condenas se acumulen. Y aunque cobrar efectivamente el dinero a un Estado con las finanzas de Cuba resulta complejo, cada nueva sentencia deteriora aún más su reputación internacional y complica cualquier futura reincorporación a los mercados de crédito.
Qué significa este fallo para Cuba
Más allá de la cifra concreta, la condena tiene un fuerte valor simbólico y práctico. Llega en un momento en que la economía cubana atraviesa una crisis profunda, con escasez generalizada, apagones e inflación, y en el que el país necesitaría desesperadamente acceso a financiamiento externo. Una sentencia firme por impago es precisamente el tipo de antecedente que ahuyenta a los inversores y cierra puertas en los mercados internacionales.
La lectura sobre Banco Nacional de Cuba
El mensaje que queda es claro: la política de ignorar las reclamaciones y rechazar la negociación tiene un costo cada vez mayor. Mientras el régimen presenta estos episodios como parte de una supuesta guerra de "fondos buitre" contra la Isla, la realidad es que los tribunales europeos siguen fallando en su contra, y la factura acumulada —tanto económica como reputacional— no deja de crecer. Cuba se enfrenta así a un dilema que no puede seguir aplazando: negociar sus deudas o verse cada vez más aislada del sistema financiero mundial.
