Qué dijo exactamente
El congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart aseguró que continúa realizando gestiones ante la administración de Donald Trump para proteger a los cubanos con I-220A y a otros inmigrantes que permanecen en un limbo migratorio.
Lo dijo durante una entrevista en el programa Encuentro Virtual de Telemundo 51, con la periodista Gloria Ordaz.
Su frase central fue esta:
"Seguimos trabajando para restablecer que venezolanos, cubanos y nicaragüenses que están en este limbo legal puedan mantenerse aquí."
Las otras frases de la entrevista
El legislador amplió su posición en varios puntos:
Sobre el Estatus de Protección Temporal:
"Yo siempre he abogado por el TPS. Sigo abogando por el TPS para los venezolanos, haitianos y otros."
Y añadió una valoración que conviene destacar, porque lo aleja de la línea más dura de su propio partido:
"Yo no pienso que sea razonable deportar a Cuba, a Venezuela, a Haití o a Nicaragua."
Sobre el futuro político de la isla dejó también una frase:
"Las cárceles del presidio político cubano están repletas de héroes preparados para ser los próximos líderes de Cuba."
Lo que NO dijo
Aquí está la parte que ninguna cobertura responsable debería omitir, y que el propio medio que difundió sus declaraciones señaló con claridad.
Aunque sus palabras despertaron expectativas entre miles de familias, el congresista no anunció una medida aprobada, ni un proyecto legislativo específico, ni un cambio inmediato en la situación migratoria de los cubanos con I-220A.
Sus declaraciones representan un respaldo político. No constituyen una solución legal ni garantizan la suspensión de las deportaciones.
Esa distinción no es un matiz. Es la diferencia entre una intención y un documento.
La hemeroteca: casi dos años diciendo lo mismo
Y ahora el dato que responde mejor que ningún análisis a la pregunta de si hay motivos para la esperanza.
Revisemos el registro público:
- Noviembre de 2024. En una entrevista con el periodista Mario J. Pentón, Díaz-Balart afirmó que los cubanos con I-220A "podrían encontrar un aliado en una administración liderada por Trump".
- Abril de 2025. En este mismo programa de Telemundo 51: "Estamos en conversaciones con la administración para buscar una solución que permita a quienes tienen I-220A obtener un estatus legal."
- Julio de 2025. Se reportó que Díaz-Balart trabajaba con la administración Trump para encontrar una solución legal para los cubanos con I-220A, junto a los congresistas Carlos Giménez y María Elvira Salazar.
- Agosto de 2026. "Seguimos trabajando..."
Casi dos años. Cuatro momentos públicos. La misma frase.
Y conviene decir algo en su descargo:
"la consistencia no es hipocresía."
Díaz-Balart ha mantenido la misma posición sin cambiarla según la audiencia, incluso cuando eso lo distancia del ala más dura de su partido. Eso tiene mérito.
Pero consistencia tampoco es resultado.
Lo que sí propuso en su momento
Vale la pena rescatar la propuesta concreta que llegó a formular, porque fue la más específica de todas.
Claves del caso
En abril de 2025 explicó: "Estoy tratando de crear un proceso para que las autoridades investiguen a las personas una a una y hay algún posible caso que sea legítimo de asilo."
Es decir: una revisión caso por caso para identificar solicitudes de asilo legítimas entre los portadores del documento. Según los reportes de entonces, alrededor de 300.000 cubanos podrían regularizar su situación si esa iniciativa avanzaba dentro del Gobierno.
No avanzó.
Lo que ocurrió mientras tanto
El contraste entre las gestiones anunciadas y los hechos verificables es el elemento más duro de todo este expediente.
Durante ese mismo período:
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El programa de parole humanitario CHNV fue terminado en marzo de 2025, y la Corte Suprema permitió esa cancelación.
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Se reanudaron los vuelos de deportación a Cuba: 612 cubanos deportados entre enero y mayo de 2026 en 18 vuelos directos.
Lee también: Aplazan al 2 de septiembre la audiencia de los I-220A: qué se decide ese día y qué no
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Las aprobaciones de green cards para cubanos cayeron cerca del 99,8 % entre octubre de 2024 y finales de 2025, según un análisis del Instituto Cato basado en cifras oficiales.
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Desde julio de 2026, cubanos con I-220A comenzaron a recibir órdenes de deportación tras acudir a sus citas con ICE o a audiencias en cortes de inmigración.
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Se abrió la vía de deportación a terceros países, con cubanos enviados a la República Centroafricana y a Guinea Ecuatorial.
En ese lapso llegaron las órdenes de deportación. No llegó la solución.
Por qué esto es más difícil de lo que suena
Conviene entender las restricciones reales, porque explican bastante.
Un alivio migratorio para un grupo específico requiere, básicamente, una de dos vías:
Legislación. Necesitaría 218 votos en la Cámara y 60 en el Senado. En el clima político actual, con la inmigración como eje central de la agenda del partido gobernante, esa aritmética es extraordinariamente difícil.
Acción ejecutiva. Parole, acción diferida, TPS o un proceso administrativo de revisión. Esto no requiere al Congreso.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: la propuesta que Díaz-Balart formuló —revisión caso por caso— cae en la segunda categoría. No hace falta una ley. Hace falta que la administración quiera hacerlo.
La lectura sobre Diaz Balart Dice
Díaz-Balart es congresista del mismo partido que gobierna. Si la voluntad existiera en la Casa Blanca, buena parte de esto podría resolverse por vía administrativa.
Dos años de conversaciones sin resultado sugieren que el obstáculo no es de procedimiento.
Entonces, ¿deben tener esperanzas?
La respuesta honesta tiene tres partes.
Sí, en el sentido de que hay respaldo real. Tener a tres congresistas cubanoamericanos planteando el tema, y a uno de ellos diciendo públicamente que no es razonable deportar a Cuba, no es irrelevante. Sin esa presión, el asunto no estaría ni en la conversación.
No, en el sentido de que exista algo concreto en marcha. No hay proyecto de ley con número, no hay memorando publicado, no hay aviso en el Registro Federal, no hay fecha. Nada de eso existe hoy.
Y sobre todo: no organice su vida en torno a esto. Quien tenga una cita con ICE la semana que viene debe prepararla con un abogado, no confiando en una gestión legislativa.
Qué señales sí indicarían un avance real
Para que nadie dependa de titulares, estas son las cosas concretas que habría que ver. Si aparece alguna, la noticia es real:
- Un proyecto de ley con número y copatrocinadores presentado formalmente en la Cámara.
- Un memorando de política de USCIS o un aviso publicado en el Registro Federal.
- Un anuncio del DHS estableciendo un proceso de revisión, con criterios y plazos.
- Una suspensión de las órdenes de deportación para portadores de I-220A mientras se estudia su situación.
- Cualquier cosa con una fecha adjunta.
Mientras eso no ocurra, lo que hay son declaraciones. Valiosas, pero declaraciones.
La otra vía sigue viva: el 2 de septiembre
Y aquí conviene recordar que existe un segundo camino, que ha producido resultados verificables.
El 2 de septiembre, la jueza federal Jacqueline Becerra escuchará argumentos en el caso Bello-Rubio v. Noem, presentado por 992 cubanos, incluida la moción para convertirlo en demanda colectiva.
Y a diferencia de la vía política, la judicial ya ha producido residencias concretas: jueces en Nueva Orleans, Orlando y Arizona han concedido la Green Card a cubanos con I-220A interpretando su liberación como un parole. El Gobierno ha apelado todas esas decisiones, pero existieron.
Dicho de otro modo:
"los tribunales han entregado casos ganados; la vía política ha entregado declaraciones."
Ambas siguen abiertas. Conviene seguir las dos y no depositar todo en ninguna.
Desde Noticuba seguiremos informando sobre ambos frentes.
